Los juzgados de familia, al límite de su capacidad como consecuencia del Covid-19

Se confirman los pronósticos: la Covid-19 ha agravado la situación de los juzgados de familia, que ya arrastraban importantes retrasos antes de la pandemia. Jueces y abogados afirman que la saturación está alcanzando niveles tan altos que son incapaces de tramitar los miles de expedientes presentados desde el inicio de la crisis sanitaria. Y, como siempre, los mayores perjudicados por esta situación son los ciudadanos, que se ven atrapados en interminables procesos judiciales para solicitar una pensión de alimentos o poner fin a su matrimonio.

Desde la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAF) denuncia que la situación es de caos generalizado, incluso en aquellos partidos judiciales que antes funcionaban correctamente. Igualmente, aseguran que se están dando casos en los que tardan meses en contestar las demandas, o que se señalan actuaciones para dentro de dos años. El atasco en los juzgados tiene como efecto colateral una justicia a dos velocidades, ya que quienes tienen recursos para pagar informes privados logran que sus casos avancen más rápido. Sin embargo, aquellos que no tienen esa posibilidad se ven resignados a esperar incluso tres años para una prueba pericial.

Los datos demuestran que los retrasos más alarmantes se están produciendo en los procedimientos de medidas provisionales, como por ejemplo la atribución de la vivienda o el régimen de visitas. A pesar de que la ley establece un plazo de 10 días para resolver estas cuestiones de carácter urgente, la realidad es que los autos están tardando hasta cinco meses en dictarse.

Un reciente estudio del CGPJ indica que, durante el primer trimestre del año, las demandas de divorcio cayeron un 42% respecto al año anterior. Pero esta cifra no es representativa de la realidad, pues hay que recordar que la durante el confinamiento los tribunales permanecieron cerrados. Lo cierto es que, en estos últimos meses, se han incrementado las rupturas matrimoniales como consecuencia de la crisis sanitaria y económica.

En este sentido, también han aumentado las peticiones para rebajar las pensiones alimenticias y compensatorias, pues muchos progenitores se han visto afectados por un despido o ERTE y, por tanto, ahora no pueden aportar la misma cantidad de dinero. Otros necesitan todo lo contrario: que se incrementen los importes para hacer frente a las deudas acumuladas y así poder llegar a fin de mes.

Para intentar mitigar estos problemas, el Gobierno aprobó el 28 de abril el Real Decreto-ley 16/2020 para la agilización de la Administración de Justicia, cuya medida más destacada (y polémica) fue la de habilitar de forma extraordinaria el mes de agosto. Asimismo, se reguló un nuevo procedimiento de carácter especial y sumario vigente hasta finales de septiembre. Las materias que se regían por este procedimiento especial eran: la recuperación o compensación del tiempo perdido que no se pudo disfrutar con el hijo en común por las restricciones de movimiento; la modificación de medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensiones compensatorias y/o alimenticias; y el establecimiento o modificación de la obligación de prestar alimentos entre parientes cuando hayan variado sustancialmente las circunstancias económicas como consecuencia de la pandemia.

Sin embargo, estas medidas han sido claramente insuficientes, pues los juzgados de familia llevan años con una falta de medios humanos y materiales. Desde las asociaciones judiciales reclaman que este problema sea abordado de manera prioritaria. Entre las medidas que proponen destacan la externalización de parte de sus servicios para hacer frente al actual pico de trabajo y fomentar la mediación entre las partes. En resumidas cuentas, es urgente acometer una reforma estructural de la jurisdicción que permita acortar los tiempos de espera. De lo contrario, podemos presenciar el colapso de la Administración de Justicia en poco tiempo.

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