Es una medida para verificar que no se supere el límite legal de horas extraordinarias, actualmente establecido en 80 horas por año. También está previsto exigir a las empresas que conserven los registros al menos durante cuatro años y así facilitar la documentación necesaria en caso de una inspección. Las sanciones por la ausencia o un mal registro de las horas extraordinarias, en el caso de los empleados a tiempo parcial, se consideran como falta grave y pueden oscilar entre los 600 hasta más de 6.000 euros.
La propuesta del líder socialista no es algo nuevo, es la vuelta al tradicional sistema de fichar cuando llegas y te vas del trabajo. Actualmente, muchas grandes empresas ya cuentan con este sistema, pero la mayoría de las medianas y pequeñas empresas carecen de él.